Proyecto Educativo Nacional, PEN 2036 : el reto de la ciudadanía plena

Abstract

La actualización del Proyecto Educativo Nacional —que el Consejo Nacional de Educación presenta al país y a sus autoridades en virtud del encargo recibido por parte del Ministerio de Educación— tiene como intención definir un nuevo consenso que remueva algunos de los cimientos que han marcado a la educación peruana en las últimas tres décadas. Si bien estos han contribuido a alcanzar algunos logros, no permiten avanzar de un modo más marcado y decidido ni abordar problemas que han sido descuidados y que, por lo mismo, han recrudecido en los últimos 25 años; es el caso de las inequidades asociadas a diferentes factores (nivel socioeconómico, género, lengua materna, etc.) y la reproducción de la segregación social también vinculada a atributos diversos (nivel socioeconómico, género, lengua materna, credo, etc.), así como el centralismo y rigidez del sistema que deriva en la falta de reacción y adaptabilidad frente a opciones más eficaces para el logro de las finalidades de la educación que, además, debieran beneficiarse del uso e incorporación de las nuevas tecnologías en materia educativa. Para enfrentar estos problemas es necesario modificar de modo sustantivo la manera cómo el sistema ha operado: debemos poner el foco de nuestra atención en las personas, sus diversas necesidades educativas a lo largo de la vida (y no en la operación del sistema), así como en liberar sus capacidades e iniciativas. Así, esta actualización del Proyecto Educativo Nacional se nutre de un enfoque que subraya la naturaleza de Derecho que tiene la educación y que es ejercido por las personas a lo largo de la vida, así como de un enfoque centrado en las personas y, por lo tanto, en información sobre sus necesidades y aspiraciones en sus diferentes etapas de desarrollo. Al mismo tiempo, para el avance de nuestra educación, se apela a las personas en tanto actores, y a modificaciones en la organización y funcionamiento del sistema educativo que permitan habilitar la acción de las personas en vez de restringirlas. La autonomía de las instituciones educativas —con el contrapeso de un Estado garante del Derecho a la educación y una responsabilidad de supervisión y apoyo de parte de los organismos estatales— tiene como propósito fundamental liberar la iniciativa, creatividad, capacidad de innovación y de respuesta a las necesidades educativas siempre diversas, concretas y particulares de cada persona y comunidad local, que en incontables ocasiones son ahogadas bajo el peso de un sistema centralista y rígido. La combinación entre dicha autonomía y la existencia de una supervisión estatal independiente de los supervisados ha de asegurar la primacía de las finalidades públicas de la educación en todo momento, independientemente de quiénes gestionen los servicios educativos. Es decir, es imperativo asegurar que el carácter público de la educación sea garantizado en todo momento y espacio de prestación de servicios educativos. Evidentemente, este eje de cambios no solo requiere de un proceso que repose en el fortalecimiento de las propias instituciones educativas, sino también debe ser visto en conjunción con un grupo complejo de factores que componen la educación peruana, como las relaciones intersectoriales y entre niveles de Gobierno, las condiciones materiales e inmateriales de los espacios educativos, la naturaleza de las experiencias educativas, la formación docente, las condiciones de vida de los estudiantes y sus familias, entre otros aspectos. Asimismo, el fortalecimiento de las instituciones educativas y la existencia de servicios educativos pertinentes y suficientes requieren de recursos que deben financiarse mediante una asignación que sea suficiente en volumen, se gaste honrando el esfuerzo que el país hace al asignarlos y sea equitativamente distribuida para contribuir a que la educación cree igualdad de oportunidades, garantizando que todos los servicios educativos satisfagan los estándares que la normativa define. Otro elemento que el Proyecto Educativo Nacional: el reto de la ciudadanía plena afirma es que la educación no se reduce a los aprendizajes que se adquieren en las instituciones educativas, ya que las personas desarrollamos nuestro potencial en la interacción con un conjunto diverso de actores en múltiples espacios donde concurren los sectores del Estado, así como otros actores civiles y comunitarios. Por ello, este proyecto plantea una visión general y recapitula principios y fundamentos presentes en instrumentos normativos y en la primera versión de este documento. Asimismo, el Proyecto Educativo Nacionalestablece cuatro propósitos prioritarios que son el conjunto de intencionalidades para la acción educativa de las personas, colectividades y la propia operación de la política pública, de modo que estas converjan en la consecución de la visión y aseguren los principios y valores democráticos, así como las propias finalidades de la educación peruana. Finalmente provee diez orientaciones estratégicas que, analizadas en su interacción, plantean los cambios (en la acción de las personas y el funcionamiento del sistema) que tanto el sector Educación como el resto de sectores del Estado y la sociedad civil en su actuación vinculada a temas educativos, deben considerar y adoptar para contribuir al logro de la visión propuesta durante los próximos años. Este documento contiene, precisamente, la actualización de ese marco estratégico definido por la Ley General de Educación como Proyecto Educativo Nacional. Como su primera versión, esta actualización busca orientar el desarrollo de nuestra educación por un periodo que se inicia coincidiendo con el bicentenario de la independencia nacional y se proyecta por tres lustros, hasta el año 2036. Así, se trata de un marco estratégico que, con su aprobación por el Gobierno nacional y considerando que actualiza el Proyecto Educativo Nacional en un horizonte al 2036, desarrolla la Política de Estado XII referida a Educación y por ello se desarrolla en el actuar del Estado y es de observancia obligatoria en todos sus niveles de gobierno y de la sociedad, quienes trabajan en conjunción con las instancias de participación ciudadana.