Adolescentes y jóvenes en realidades cambiantes : notas para repensar la educación secundaria en América Latina

Abstract

Vivimos en un mundo crecientemente contradictorio y complejo. Un mundo en el que un modelo de crecimiento económico no sustentable está dando lugar a una presión ecológica continua y al cambio climático. Es un espacio de mayor riqueza, pero también de progresiva vulnerabilidad, desigualdad y exclusión. Al mismo tiempo que el mundo se está volviendo cada vez más interconectado e interdependiente, se registran crecientes niveles de tensión y violencia, que van minando la cohesión social (UNESCO, 2015). En este contexto, la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ubica al desarrollo humano y social como foco de sus preocupaciones. En la misma línea, posiciona a la educación en el centro de la agenda de desarrollo sostenible, a través de una meta cuyo objetivo es “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos”, que se sostiene en una visión humanista de la educación, como derecho humano y como bien público (Naciones Unidas, 2015). La meta educativa propuesta para 2030 dentro de la nueva Agenda para el Desarrollo Sostenible es mucho más ambiciosa que aquélla que fuera planteada anteriormente con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, que se centraba exclusivamente en el acceso y la conclusión de la educación primaria (véase la Declaración de Incheon y el Marco de Acción para la Educación 2030). Este nuevo objetivo va más allá del enfoque sobre el derecho a la educación básica que está en el corazón del movimiento de la Educación para Todos, pues, además de comprometerse a garantizar ese derecho, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 también se compromete a asegurar la no discriminación en el acceso a oportunidades de aprendizaje post-básico. Esto significa que no solo se asume el compromiso de garantizar un ciclo completo de enseñanza primaria y secundaria –es decir, 12 años de escolaridad– para todas y todos, y la alfabetización universal de las y los jóvenes hacia 2030, sino que también se promueve la igualdad de oportunidades en el aprendizaje, ya sea a través de la educación técnica y profesional, en los niveles secundario y post-secundario, o mediante los estudios universitarios. En el caso particular de América Latina, el debate sobre las políticas educativas –y, en particular, sobre la relevancia de la educación secundaria– ha sido muy intenso desde hace ya más de dos décadas. Una expresión de esta preocupación la constituye el conjunto de reformas que se han realizado durante el período. En efecto, nueve de las leyes generales de educación actualmente vigentes han sido sancionadas en los últimos 15 años, y algunos de esos nueve países, como Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Chile o la República Bolivariana de Venezuela , ya habían reformado su normativa durante la década anterior. Detrás de cada una de estas leyes sin duda existen consultas, movilizaciones, aportes y posicionamientos de los diferentes actores de la comunidad educativa, desde el Estado y desde la sociedad civil. En ese debate, dos núcleos han ido logrando cierto grado de consenso y, actualmente, son estructurantes de las políticas educativas de la región. El primero de ellos consiste en instalar a la educación como un derecho humano fundamental y, en consecuencia, posicionar a los Estados como garantes de ese derecho. La segunda prioridad ha sido el propósito de incorporar como parte del ciclo obligatorio de escolarización a la educación secundaria. Efectivamente, casi la totalidad de los países de la región contempla en su propuesta educativa un ciclo de escolarización que va desde el nivel inicial –en el que ingresan las niñas y los niños de 3, 4 o 5 años de edad, según lo establece cada país– hasta la finalización de la escuela secundaria, que en la mayoría de los casos se extiende hasta que las y los jóvenes tienen 17 años. Estas transformaciones, implementadas en los marcos normativos de la región, representan uno de los mayores retos de las últimas décadas en términos de política educativa. El principal desafío radica en pasar de una educación secundaria pensada como privilegio y, por lo tanto, sustentada en claros mecanismos de selección y discriminación, hacia otra, concebida como un derecho y que se basa en propuestas educativas de inclusión.