Estudio de bienestar y políticas de juventud en el Perú

Abstract

Este informe expone la situación de la inclusión social y bienestar de los jóvenes peruanos, utilizando los últimos datos disponibles y un enfoque multidimensional. Este enfoque abarca diversos elementos en las dimensiones de empleo, educación, salud y participación ciudadana. Con base en los resultados del análisis, el informe propone diversas recomendaciones para la formulación de políticas públicas a favor de la juventud y para la acción del gobierno. Desde los inicios del siglo XXI, el Perú ha experimentado un extraordinario desempeño socioeconómico. Debido a condiciones externas favorables y a una gestión macroeconómica responsable, el crecimiento económico del Perú superó el promedio de América Latina y el Caribe. Entre 2000 y 2014, el crecimiento económico promedio anual del Perú fue de 5.3%, en comparación con 3.1% de la región. Para garantizar la sostenibilidad de estos avances y aprovechar el bono demográfico del cual el Perú se beneficia actualmente, es indispensable incluir a la juventud en el desarrollo nacional. La inclusión y el bienestar de los jóvenes no es solo una cuestión de derechos de estos, sino también de beneficio para el Estado y la sociedad: al invertir en educación y crear oportunidades laborales, los jóvenes contribuyen al futuro en términos de mayores ingresos y productividad. El país aún enfrenta desafíos en múltiples frentes, que afectan a la población joven. Algunos de ellos son de naturaleza económica (productividad laboral, competitividad, desaceleración del crecimiento económico), en tanto que otros se relacionan con temas de desarrollo social (logro educativo, participación cívica y situación de la salud de la población). En los últimos años se ha apreciado un creciente reconocimiento de la importancia de los jóvenes peruanos para el desarrollo nacional. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para colocarlos con firmeza en la agenda política y convertir a la inclusión social en un eje importante de las prioridades del desarrollo nacional. El marco legal que integra las estrategias y políticas de juventud cambió considerablemente en los últimos 15 años y esto provocó que las políticas de juventud no contaran con una clara visión integrada. Como resultado, no hay un Plan o Estrategia Nacional de Juventud aprobado que guíe el accionar del Estado en temas relacionados con este sector de la población, a pesar de esfuerzos previos en la materia. En cambio, se dispone de planes de educación, empleo y salud a favor de los jóvenes, pero no son complementarios, no tienen un enfoque intersectorial ni se dirigen de manera específica a los jóvenes. Por otro lado, la Secretaría Nacional de la Juventud (SENAJU), órgano rector en temas de juventud, tiene poca autonomía y recursos, pues está supeditado al Ministerio de Educación y no cuenta con las facultades de articulación y coordinación interministerial necesarias para lograr la transversalidad de los temas de juventud. Por último, el Perú carece de un enfoque intergubernamental entre los gobiernos central, regional y distrital en beneficio de los jóvenes y los diferentes actores independientes que componen el universo de las políticas de juventud no trabajan de manera coordinada. Los jóvenes enfrentan grandes retos en el área de empleo para su edad. Los avances logrados, si bien han permitido que tengan mejores oportunidades que sus padres, tienen sus límites y el empleo de los jóvenes adolece de una gran informalidad, bajos salarios y desajustes de cualificaciones. La informalidad es uno de los principales desafíos, que afecta en particular a jóvenes de zonas rurales de 15 a 19 años de edad con bajo nivel educativo, en condiciones de pobreza (extrema) y de lengua materna indígena (casi en su totalidad). En lo que respecta a los salarios, a pesar de la mejora entre 2004 y 2014, los jóvenes que ganan menos de la media siguen representando más de la mitad de los jóvenes trabajadores. Asimismo, la tasa de jóvenes empleados con desajuste de cualificaciones aumentó en los últimos años. Los jóvenes peruanos gozan, de manera general, de buena salud, pero, debido a que el sistema de salud no les presta la debida atención, si alguno tiene problemas, esto puede tener consecuencias catastróficas, en especial para aquellos con bajos recursos. Por otro lado, el embarazo adolescente es un gran problema entre las jóvenes peruanas, ya que su número se incrementó considerablemente en la última década, con consecuencias de largo plazo para el bienestar de los jóvenes. A pesar de los mejores logros educativos alcanzados en el Perú desde hace diez años en términos de acceso a la educación, existen aún dificultades en materia de baja calidad educativa y grandes brechas según el entorno en el que viven y el nivel de pobreza de los jóvenes. En efecto, la calidad de la educación peruana no ha podido seguir el ritmo de la expansión de la oferta educativa. Las evaluaciones nacionales e internacionales (como ECE, PISA y TERCE) muestran las brechas en el desempeño escolar de los jóvenes peruanos y sus déficits en comparación con otros alumnos de la región. Las cifras son alarmantes y han causado un intenso debate público en el país. Es indispensable optimizar la calidad de la educación para mejorar todas las dimensiones de bienestar de los jóvenes. Incrementar las inversiones en la educación secundaria contribuirá a alcanzar la media latinoamericana (1.6% del PIB) y mantener el ritmo de desarrollo regional. Esta inversión debe hacerse sobre todo en los lugares donde se han obtenido malos resultados en las evaluaciones estandarizadas y en los ámbitos rurales y pobres, de manera bien distribuida. Además, es necesario incluir un intercambio de buenas prácticas entre las regiones para aprender de lo que funciona. Una mejor infraestructura y distribución del cuerpo docente, que favorezcan a las escuelas en dificultad, son también una vía para mejorar la calidad de la educación. Además, ofrecer orientación temprana a los jóvenes en su transición educativa y laboral, involucrar a los empleadores e incluir periodos de prácticas es primordial para contribuir a la educación y empleabilidad de los jóvenes. Para ello es necesario invertir en consejeros profesionales capacitados o ferias informativas a nivel nacional. Asimismo, la información sobre los programas educativos y las necesidades del mercado laboral debería hacerse más visible. Los estudiantes del Perú, en promedio, no tienen la información que necesitan para tomar decisiones sobre los estudios o el trabajo que desean realizar, especialmente porque el sistema de educación superior es cada vez más confuso. Por tal razón, hay que fortalecer los instrumentos de prestación de servicios, como el observatorio de Ponte en Carrera, para proporcionar a los estudiantes información sobre las opciones de estudio disponibles y las trayectorias profesionales después de la graduación. La situación de los jóvenes peruanos también se caracteriza por una baja participación ciudadana. Esto se explica por la falta de comunicación entre el Estado y ellos, así como por la dificultad que tienen para acceder a información sobre la oferta de políticas y programas dirigidos a ellos. Además, la participación de los jóvenes en el proceso de formulación de políticas públicas nacionales es limitada debido a un obstáculo legislativo que les impide crear o financiar espacios a nivel nacional y centra la participación de la juventud en las regiones. Otro problema que encuentran los jóvenes es que en ocasiones las instituciones equiparan la participación juvenil con informar y no con darles la oportunidad de influir en las decisiones que les conciernen. Por otro lado, participar en el proceso de formulación de políticas públicas exige ciertas competencias que la educación cívica en las escuelas no imparte por no considerarlas prioritarias y que se ven disminuidas por el entorno escolar. Todo esto se refuerza con la opinión negativa de los jóvenes sobre la política y el Estado y sus instituciones; consideran al Estado no como agente de beneficio sino más bien como “adultocéntrico” en todas sus formas, sobre todo desde el punto de vista de los jóvenes urbano marginales. De ahí que los jóvenes prefieran espacios participativos lejos de la política partidaria y prioricen el voluntariado. Para fortalecer la relación entre el Estado y la juventud, y de esa forma restablecer la confianza en las instituciones gubernamentales, es indispensable que el Estado lleve a cabo consultas con organizaciones juveniles registradas en la SENAJU, para así generar un verdadero diálogo con los jóvenes. Además, facilitar la combinación de actividades extracurriculares y la escuela y promover el voluntariado permitirá adquirir competencias para la participación ciudadana, las cuales hasta ahora no se aprenden en la escuela. En este contexto, para poder reforzar el trabajo del Estado en materia de juventud, es indispensable apoyar el fortalecimiento institucional, gerencial y presupuestal del ente rector de juventud y facilitar su trabajo como mecanismo de coordinación intersectorial que facilite la transversalidad de esta temática. Dicho organismo deberá contar con agentes formados y contratados. Además, es necesario fortalecer el presupuesto, la memoria institucional y la relevancia de los Consejos Regionales de Juventud (COREJU) para que puedan potenciar el trabajo regional. El realizar esfuerzos intersectoriales e intergubernamentales permitirá mejorar el bienestar de los jóvenes en todos los niveles. Por último, es indispensable mejorar la comunicación y asegurar el acceso de los jóvenes a información de calidad, oportuna, fácil de usar y útil para guiar sus decisiones, ya sea en el área de educación, empleo o salud. En el Perú se brinda la información solo a quienes la solicitan y los niveles regionales y locales no están articulados. Tener datos y resultados disponibles sobre los servicios ofrecidos es de gran importancia estratégica, tanto para las autoridades públicas (de modo que puedan diseñar y establecer mejores políticas) como para los jóvenes (para empoderarlos en la gestión de su propia vida).