Resultados de la Evaluación del Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE). Informe final

Abstract

El Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 (PNIE), aprobado mediante RM N.° 153-2017-MINEDU, constituye el principal instrumento de planificación para orientar la inversión pública en infraestructura educativa en el país. La evaluación final se desarrolló con el propósito de analizar el diseño, la implementación y los resultados alcanzados en el período 2017–2025, así como la sostenibilidad de sus avances y las lecciones para el futuro. La evaluación final aplicó una metodología mixta, basada en la teoría del cambio y la cadena de valor pública, combinando: la revisión documental; encuestas a las Direcciones Regionales de Educación (DRE), Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL), y a los niveles de gobierno nacional, regional y local; entrevistas a los actores clave en la formulación e implementación del PNIE; y el análisis de indicadores de seguimiento del PNIE. Los resultados en la fase de evaluación de diseño evidencian alta pertinencia del diseño: la mayoría de los problemas de infraestructura fueron identificados y se incluyeron en el PNIE, con un índice combinado de cobertura de problemáticas superior al 80 %. También se incorporaron criterios normativos de cierre de brechas territoriales y poblacionales con un 90 % de cumplimiento, aunque persisten vacíos en atención a pueblos indígenas y personas con discapacidad. Sin embargo, la coherencia interna y claridad del modelo de gestión fue moderada (aprox. 70 %); no se contaba con una teoría del cambio explícita ni con una cadena de valor operativizada. La articulación con otros instrumentos de planificación fue normativa pero no operativa (72 %), y la viabilidad institucional resultó baja (aprox. 48 %) por la ausencia de diagnósticos de capacidades y de sistemas de seguimiento. En la fase de evaluación de implementación, la ejecución de actividades alcanzó el 29.2 %, y la entrega de productos estratégicos (demoliciones, reforzamientos, servicios básicos, sustitución, entre otros) se situó entre 7 % y 43 %, revelando retrasos por saneamiento físico-legal, rigidez normativa y limitada capacidad técnica. Los mecanismos de gestión se percibieron parcialmente adecuados (aprox. 59 %), pero no se aplicaron sistemáticamente; los recursos financieros y humanos fueron insuficientes (38,8 %), y no existieron sistemas de seguimiento y evaluación ni mecanismos de participación territorial. Sin embargo, se constató que el monto del PIM y el monto devengado anual desde el 2017 al 2025, ha sido igual o superior que lo proyectado en el PNIE; por lo que, se identifica que el principal problema no fue la falta de recursos financieros, sino la limitada capacidad de gasto efectivo en los distintos niveles de gobierno, lo que redujo drásticamente la capacidad del PNIE para materializar intervenciones. En la fase de evaluación de resultados muestra que el cumplimiento acumulado de los objetivos estratégicos no supera el 11 % de las metas; se avanzó en reforzamientos sísmicos, pero la ampliación de cobertura y la mejora de servicios básicos siguen rezagadas. Según la proyección de cierre de necesidades de inversión del PNIE, se estimó una brecha inicial al 2016 de S/ 68,512 millones, la cual sería cubierta mediante la inversión de S/41,003 millones al 2025 por los tres niveles de gobierno. Esta inversión implicaba cubrir el 59.8 % de la brecha identificada inicialmente; sin embargo, se logró cubrir el 43.4% al 2025. La tendencia evidencia que el presupuesto disponible sí creció, pero la ejecución no logró sostener el ritmo necesario para acompañar la curva de cierre de brecha proyectada. Las recomendaciones estratégicas incluyen: (1) extender la vigencia del PNIE al 2028 y elaborar un nuevo PNIE al 2038 con metas realistas, enfoque territorial y equidad; (2) desarrollar la matriz de indicadores y desarrollar un sistema de seguimiento y evaluación interoperable; (3) formalizar la articulación multi-gobierno mediante convenios y fortalecer las capacidades de DRE y UGEL; (4) priorizar intervenciones de alto impacto (reforzamientos y sustituciones en zonas de alto riesgo de vulnerabilidad) en conjunto a su mantenimiento, asegurar la sostenibilidad financiera a través de programación multianual y mecanismos de cofinanciamiento; e (5) implementar mecanismos de participación comunitaria y transparencia para mejorar la legitimidad y la rendición de cuentas.